Edificio de viviendas en Madrid propiedad de los llamados fondos ‘buitre’. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

El Gobierno quiere impulsar la denostada política de vivienda en España y ha situado la vivienda social como punta de lanza de su estrategia. El problema es que casi no hay vivienda social en nuestro país -el nivel del alquiler social apenas alcanza el 2,5% del parque y se necesitan como mínimo 1,5 millones de casas de alquiler asequible- y aunque el Ejecutivo se ha propuesto ampliar su número, todavía no sabe ni cuánto ni cuándo ni cómo.

Pedro Sánchez anunció ayer en el Congreso de los Diputados que su Gobierno trabaja en una ley de vivienda y enumeró horas después en Facebook algunas de las medidas que estudian, como revisar los programas de ayudas a los jóvenes, regular el alquiler turístico o reorientar el Plan Estatal de Vivienda para promover y proteger un parque público de vivienda “suficiente y asequible, que permita atender especialmente las necesidades de las personas más vulnerables”.

En este sentido, Sánchez avanzó en el Congreso que la norma persigue “blindar la función social de la vivienda” pública y “poner fin a la venta de vivienda pública a los fondos buitre“, sin embargo, fuentes de Fomento matizan a este periódico que no se trata tanto de prohibir la venta de viviendas públicas por parte de las instituciones, sino de evitar que los fondos e inversores privados que las compran acaben especulando con ellas en el libre mercado.

Y es que, pese a la medida, si algo parece claro es que al Ejecutivo no le interesa ponerse en contra de los fondos, promotores e inversores privados, ya que necesitará de su colaboración estructural y económica para hacer realidad sus propuestas en materia de vivienda.

Dichas propuestas pasan, entre otros puntos, por introducir 20.000 nuevas viviendas en el mercado de alquiler para rebajar la presión sobre los precios. Los expertos coinciden en que no es factible construir esa cifra de nuevas residencias a espaldas de la iniciativa privada, pero su apoyo no será gratuito y consideran que el Gobierno tendría que poner sobre la mesa incentivos fiscales u otro tipo de estímulos para asegurarse su colaboración.

“Sin duda es una de las opciones con más posibilidades para sacar adelante el proyecto”, asegura Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada del Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. Taltavull concede que ampliar la oferta privada es una de las vías de actuación, “aunque hay que hacerlo bien”, y plantea asimismo movilizar el suelo paralizado en los balances de los bancos e incentivar la demanda.

Sánchez anunció también que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid por su actuación en 2013, cuando el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) enajenó 2.935 viviendas públicas del Plan Joven al fondo de inversión Azora Gestión, lo que en la práctica supuso que los inquilinos de estas viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler, tuvieran que renunciar a ellas por el incremento considerable de precio que les impuso el nuevo propietario privado.

No se trata de un caso aislado. En España existen parques públicos de vivienda desde los años 50, pero en las últimas décadas, los gobiernos autonómicos y locales los han vaciado vendiendo paquetes de activos con grandes descuentos a fondos e inversores privados, que los han introducido en el mercado libre. A cambio, regiones y ayuntamientos obtenían liquidez rápida para cubrir sus necesidades económicas.

“No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso, que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas”, explicó Sánchez en la sesión de control.

Representantes del Ministerio de Fomento están manteniendo en las últimas semanas reuniones bilaterales con las comunidades y los ayuntamientos para analizar los recursos disponibles y tratar de poner sobre la mesa medidas que unifiquen los criterios y las políticas a nivel nacional.