La ministra de Justicia, Dolores Delgado BERNARDO DÍAZ

El Gobierno reformará a fondo la Ley de Memoria Histórica para, entre otros aspectos, declarar la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales de excepción franquistas. Así lo ha anunciado hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso la ministra Dolores Delgado, que ha apuntado otras medidas que incluirá esa reforma: “impulsar desde lo público” las exhumaciones, crear “una Comisión de la Verdad”, “resignificar” el Valle de los Caídos y retirar toda la simbología de exaltación de la Guerra Civil, sancionando a quien se resista a ello.

También se reabrirá la Oficina de Víctimas del Franquismo y se estudiará la manera de ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. Delgado ha añadido que la Dirección General de Memoria Histórica recién creada establecerá planes de búsqueda de desaparecidos y procederá a la publicación de “un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

La ministra ha afirmado que España “no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a violaciones de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, la justicia, la reparación”.

Otro de los siete puntos en los que la ministra ha centrado su intervención ha sido el de la jurisdicción universal, que permite la persecución de delitos cometidos en otros países. Delgado ha explicado que considera “imprescindible” recuperar la legislación vigente entre 1985 y 2009, “revisada conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental”.

Es decir, que propondrá revocar los últimos recortes de la justicia universal, acordados primero por gobiernos del PSOE y luego, más a fondo, del PP. Delgado se ha comprometido a presentar una propuesta concreta a las Cortes antes de final de año. Esos recortes dieron al traste con investigaciones que alcanzaban a China, Israel y Estados Unidos, entre otros países. La ministra fue la fiscal que ejerció la acusación en la única condena por delitos de lesa humanidad dictada en España, contra el militar argentino Adolfo Scilingo.

Además de explicar lo que va a hacer, la ministra habló de lo que no va a hacer: no va a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en manos del Congreso y el Senado. Delgado ha sostenido que “el proceso” de selección actual se asemeja “al patio de Monipodio”, pero ha añadido que el sistema en sí – que sean los partidos quienes elijan por mayoría cualificada a los miembros del Consejo- ha sido avalado por el TC y es el que “con más acierto combina” las aspiraciones profesionales con los intereses generales. La ministra descarta así la propuesta unánime de las asociaciones judiciales de que sean los jueces quienes escojan a los vocales que deben tener procedencia judicial. Los cambios se producirán “en el proceso, no en el sistema”, ha insistido.

Lo que Delgado considera necesario modificar es el proceso de selección, que quiere hacer más transparente y objetivo, con un escrutinio público mayor de los candidatos. Para ello ha pedido el apoyo parlamentario de otros grupos. También considera que sería bueno modificar el sistema interno de funcionamiento aprobado con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro. Este diseño centraba el control del Consejo en un grupo reducido de vocales a tiempo completo y, a juicio de sus críticos, creaba un Consejo presidencialista. “Se estudiará la reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces”, ha explicado.

Sin concretar tanto, la ministra ha afirmado que adoptará “otros mecanismos” para garantizar la independencia judicial “respecto de otros poderes del Estado o frente a presiones e injerencias de cualquier tipo.”

En su intervención para exponer las líneas maestras de su programa, la ministra también ha anunciado que promoverá en las Cortes la derogación de la ley del PP que estableció unos plazos máximos de instrucción y atribuyó su control a los fiscales. La ex fiscal coincide con las asociaciones de fiscales al considerar incoherente que sea el fiscal el responsable pese a que el control de las causas sigue en manos de los jueces.

La ministra ha hecho referencia a uno de los asuntos que más ha abordado desde su nombramiento, el de la revisión de las leyes “desde una perspectiva de género”. Delgado ha confirmado que se está revisando la redacción de diversas leyes, en particular el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que regula los juicios penales). Además, ha añadido que el Gobierno “estudia considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género”, lo que permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita e implicaría la obligatoriedad de aplicar todas las medidas previstas en la ley integral contra la violencia de género en estos supuestos, como la labor de asesoramiento previo y acompañamiento a las víctimas.