El paquete de fiscalidad verde que está elaborando el Gobierno ha puesto en pie de guerra a los autónomos. No en vano, este colectivo sería el más afectado por la subida de la tributación del diésel, ya que necesitan esta energía para su producción diaria. Para evitar la confrontación con los autónomos, el Ministerio de Hacienda ha decidido que la nueva fiscalidad verde no afecte a los autónomos ni a los profesionales.

Según los cálculos de UPTA, el coste para los autónomos de equiparar los impuestos del diésel a la gasolina superaría los 2.100 millones de euros anuales para los autónomos. Una factura que Hacienda no va a pasar a este colectivo. Así lo ha anunciado la ministra María Jesús Montero en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. “Todas las propuestas que se planteen en la fiscalidad verde no afectarán a los autónomos ni a los profesionales”, ha asegurado.

El ministerio trabaja en la elaboración de este paquete de fiscalidad verde que remitirá en las próximas semanas a las Cámaras. El desarrollo técnico de estos impuestos tiene que respetar a los autónomos, por lo que su redacción tiene que ser muy cuidadosa para no afectar a este colectivo. Montero ha explicado que esta tributación no tendrá “un afán recaudatorio, sino que busca disuadir dinámicas contaminantes“.

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Esta es solo una de las reformas fiscales que está elaborando el Gobierno y que remitirá al Congreso “lo antes posible” con el objetivo de crear “una fiscalidad para el siglo XXI”. Una de las medidas en las que más ha incidido la ministra es el impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como la ‘tasa Google’. Este tributo estará dirigido a gravar los “ingresos creados en ciertas actividades digitales en que los ciudadanos tenemos un importante papel de creacion de valor”.

Todas las propuestas que se planteen en la fiscalidad verde no afectarán a los autónomos ni a los profesionales

El desarrollo del tributo seguirá las líneas fijadas por la Unión Europea para que los distintos estados miembros vayan desarrollando un tributo nacional hasta que se consiga un consenso para crear una figura homogénea a nivel europeo. Así, Hacienda obligará a tributar a las tecnológicas por los beneficios generados con la venta de los datos personales de sus usuarios, los ingresos de las plataformas de economía colaborativa y las ganancias conseguidas por la comercialización de espacios publicitarios.

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Montero también ha reconocido que una de las prioridades de su ministerio es reformar el impuesto sobre sociedades para que las grandes empresas contribuyan en mayor medida. “Se trata de acercar el tipo teórico impositivo al tipo real” que pagan las grandes corporaciones, de modo que “no afectará a las pymes”, ha explicado Montero. También impulsará el impuesto a la banca “en línea con lo que se está elaborando en Europa”, pero no ha dado más detalles de cómo sería.

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Esta reforma fiscal tampoco afectará a las clases medias y bajas, ha prometido la ministra, y tampoco a los autónomos y a las pymes. “Los ciudadanos ya han vivido subidas de impuestos protagonizadas por el anterior Gobierno”, ha remarcado Montero. Eso sí, está por ver si toda esta batería de impuestos no acaba repercutiendo en los precios de los bienes y servicios que soportan los consumidores, lo que provocaría que, en última instancia, serían ellos quienes soportaran la reforma fiscal.

La comparecencia de la ministra ha confirmado que, por el momento, se cae de la lista de subidas de impuestos la reforma del IRPF para acercar los tipos nominales de las rentas del capital a las del trabajo. Esta era una de las grandes propuestas del PSOE en su etapa en la oposición para aumentar la presión fiscal sobre los ‘ricos’, pero que la actual ministra ha descartado.

Una lista con más nombres

La ministra de Hacienda ha explicado que otro de los objetivos de su departamento es incentivar la lucha contra el fraude fiscal. Montero remitirá “en las próximas semanas” una propuesta de reforma de la Ley General Tributaria. Una de las medidas más importantes que contendrá es que la lista de morosos incluirá los nombres de los responsables solidarios de las empresas que figuren en la lista de morosos. De esa forma, figurarán los datos de las personas que “causaron o colaboraron activamente en una infracción tributaria o en una ocultación o transmisión de bienes para evitar la acción de la administración tributaria”, ha explicado Montero.

Hacienda también incluirá una revisión de la lista de paraísos fiscales de España. Por último, se adaptará la acción de la Agencia Tributaria para evitar que las grandes empresas tengan estructuras agresivas de planificación fiscal para minimizar el pago de impuestos. La elusión fiscal es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los países desarrollados, ya que las grandes empresas utilizan los resquicios legales que existen en el mundo para minimizar su factura tributaria. En palabras de Montero, el ministerio pretende “combatir comportamientos inadecuados de grandes empresas multinacionales”.

Renegociar la senda de estabilidad

Montero también ha confirmado la noticia adelantada por este periódico de que el Gobierno renegociará con Bruselas la senda de consolidación presupuestaria. El Gobierno ya sabe que el objetivo de déficit del 2,2% del PIB es inalcanzable, por lo que buscará un mayor margen de la Comisión Europea. “Estamos trabajando intensamente en la senda de estabilidad”, ha señalado Montero. “Nuestra intención es el diálogo con las autoridades europeas para que ninguna política de austeridad lastre el crecimiento económico”, ha explicado, “hay que darle credibilidad a la senda de estabilidad”.

Nuestra intención es el diálogo con las autoridades europeas para que ninguna política de austeridad lastre el crecimiento económico

La ministra ha advertido de que si la consolidación fiscal obliga a realizar recortes en el gasto público, provocará una merma en el crecimiento económico y una destrucción de empleo, lo que es inasumible para este Gobierno. “Lo que queremos es llevar al ánimo de la Comisión Europea cómo se establecen los objetivos de estabilidad de los gobiernos europeos”, ha remarcado.

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Para cumplir con el objetivo del 2,2% este año, el Ministerio de Hacienda tendría que realizar nuevos ajustes, algo que quiere evitar a toda costa. “A la Comisión Europea hay que hablarla con claridad”, ha explicado Montero, “una vez dialogados, los deberes que se nos pongan los vamos a cumplir o vamos a estar próximos a cumplirlos”. La ministra ha remarcado que la propia Comisión ya advirtió al anterior Gobierno de que los Presupuestos presentados para 2018 no cumplían con los objetivos fijados, por lo que no tendría sentido exigir más ajustes al Ejecutivo actual. “Trabajaremos intensamente en este apartado”, ha sentenciado Montero.