Manifestación celebrada el pasado mes de mayor en Bilbao exigiendo unas pensiones más elevadas. EFE

La Comisión del Pacto de Toledo celebró ayer su primera reunión tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, y en esa primera cita ya sentó las bases para cerrar una medida histórica, y defendida, precisamente, por el nuevo presidente: las pensiones se volverán a ligar «al menos» a la evolución del IPC.

«Hay un mínimo común denominador para que el IPC sea el índice que garantiza el poder adquisitivo», explicaba ayer a este periódico Mercè Perea, portavoz del PSOE ante la citada comisión. «El Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) lleva a la pobreza de los pensionistas y también a la pobreza de la economía. Si se aplicase, hay estudios que evidencian que se produciría una fuerte contracción del consumo, y que en 2035 habría una reducción 750.000 puestos de trabajo menos y entre tres y cuatro puntos menos de PIB», añadía Perea, que de esta manera justificaba que el ligar las pensiones a la inflación tendrá un impacto positivo no sólo para los pensionistas sino también para el conjunto de la economía.

Sin embargo, la misma Perea reconocía que todavía hay algunos puntos de desencuentro ante esta importante medida. «Los hay que quieren modular la subida en caso de recesión», añadía la responsable socialista, que de esta manera se refería, sin citar, al Partido Popular, Ciudadanos y PDeCat.

Estas fuerzas, tal y como reconocen en el propio PP, están de acuerdo con el resto de formaciones en que durante los años de crecimiento económico todas las pensiones se liguen al IPC e, incluso, la subida pueda ser mayor. En cambio, en periodos de recesión, sólo quedarían blindadas las prestaciones más bajas, mientras que el resto registraría menores incrementos. Esta pérdida se compensaría, precisamente, con la posibilidad de que en los años de bonanza la subida pueda ser superior al dato de inflación.

Pero en todo caso, el avance de ayer deja claro que el Pacto de Toledo pretende tumbar de manera definitiva la reforma de las pensiones que en 2013 llevó a cabo el Gobierno del PP, la misma que ha sido calificada por muchos expertos como fundamental para asegurar el futuro del sistema y por la que, entre otras cosas, se limitaba la subida de las prestaciones al 0,25% en caso de déficit del sistema. El mismo Ejecutivo de Mariano Rajoy ya pasó por encima de su propia medida al pactar con el PNV una subida del 1,6% tanto en 2018 como en 2019, y el nuevo escenario ayer dibujado deja claro que se prolongará en los siguientes ejercicios.

Llama la atención el cambio de discurso del PP, que hace unos meses aseguraba que era imposible ligar las pensiones a la inflación, que no había los recursos necesarios y que el empleo, tal y como afirmó el propio Rajoy en el Congreso, era la clave para ir mejorando de manera progresiva la situación de la Seguridad Social.

Ayer, en cambio, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, reconocía que se había avanzado «mucho y bien» en el análisis de la segunda recomendación, que es la que está dedicada a la revalorización de las pensiones y a la garantía del poder adquisitivo, y que espera llegar a un acuerdo. «Esperamos seguir avanzando, que es el propósito que tengo, en que haya un pacto de pensiones, y que el PSOE esté dispuesto», expuso la representante popular, a lo que añadió también que es necesario progresar en las conversaciones porque «esto no es echar un huevo a freír, sino cuestión de tiempo», tal y como recoge Europa Press.

¿Impuesto a la banca en 2019?

Y es que, efectivamente, el decidir cómo financiar el fuerte coste de volver a utilizar la inflación como referencia será mucho más complicado que freír un huevo. Una opción que maneja el Gobierno de Sánchez, y que él mismo propuso hace ya unos meses, es la de crear un impuesto para la banca. «Hay que estudiarlo pero si hay alguna opción en los Presupuestos de 2019, ese será el momento de introducir el impuesto a la banca», desarrolló Perea.

Según las estimaciones socialistas, la tasa a las transacciones y el gravamen especial a los bancos permitirían recaudar unos 1.800 millones de euros al año, cifra similar al coste de ligar las pensiones al IPC. El sector bancario, por ahora, no se ha manifestado públicamente, pero lo que parece bastante probable es que si la banca tiene que hacer frente a nuevo impuesto acabará, de un modo u otro, revirtiendo su coste a los usuarios.