El expresidente de ANC Jordi Sànchez se ha encarado este lunes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al que ha reprochado su forma de conducir la causa que instruye sobre el ‘procés’. “Percibo una clara falta de objetividad”, le ha reprochado según fuentes presentes en la declaración. En su opinión el magistrado no está actuando con verdadera independencia y desarrolla una causa general contra el independentismo que va más allá de las responsabilidades individuales por las que se les procesa. “No se puede ser juez y víctima”, ha dicho a Llarena.

Así, ha hecho referencia a una de las expresiones empleado por el instructor en el auto en el que le procesa por rebelión. En ese escrito Llarena aseguraba sobre el ‘procés’ que es una estrategia que “sufrimos” y según la visión de Sànchez al emplear esta expresión que le incluye se hace partícipe y parte afectada por la acción del Govern en los últimos años. Fuentes de su defensa han concretado que, además, ha indicado que considera que la evolución política catalana ha influido en las distintas decisiones del juez y esto demuestra que sus motivos son “ideológicos”.

Durante la declaración del dos veces candidato a presidir la Generalitat, el acusado ha vuelto a sacar, además, a colación la admisión a trámite por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de su queja por violación de sus derechos políticos. Ha echado en cara al magistrado que no haya atendido a este organismo y que no se haya tenido esta valoración en cuenta para revisar su situación.

Precisamente la pasada semana el juez Llarena volvió a impedir la investidura de Sànchez y rechazó su petición de permisos puntuales para acudir al Parlament, excarcelación o posibilidad de participar en los Plenos a través de videoconferencia. El juez ha respondido a estas reticencias y le ha indicado que sus letrados pueden recurrir ante la sala de apelaciones cualquiera de sus resoluciones si las consideran injustas.

También se ha referido en la comparecencia a la actuación de la ANC, que antes dirigía, y ha dicho que “siempre” mantuvo contactos con el Gobierno de la Generalitat y que “especialmente” contactaba con el consejero del Interior, el también procesado por rebelión Joaquim Forn. En cuanto a los hechos por los que ha sido procesado, Sànchez ha reiterado que ni él ni el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, movilizaron a la gente para cometer actos violentos el día 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía que estaba siendo registrada por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Una línea compartida

La indagatoria de este lunes ha demostrado que los tres procesados han unificado sus estrategias de defensa para centrar el foco en la vulneración que, a su entender, sufre su libertad ideológica y de expresión. El tercero de los citados esta jornada, Cuixart, ha mencionado durante una breve intervención también este hecho. Su abogada, Marina Roig, ha dicho a los medios de comunicación que el auto de procesamiento, “y el procedimiento en general”, está “criminalizando la movilización ciudadana y el derecho a la protesta”.

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