Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas“. Con esta frase, Manuel Chaves ha desviado cualquier responsabilidad de su persona sobre las irregularidades detectadas en el reparto del dinero público entre trabajadores y empresas en crisis entre los años 2001 y 2010.

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía durante 19 años, ex ministro y ex presidente del PSOE, está ya declarando en la Audiencia de Sevilla ante el tribunal que juzga la pieza principal de los ERE, uno de los mayores casos de corrupción del país por la cuantía bajo investigación: 741 millones de euros según la Fiscalía y 855 según el juez de instrucción.

Chaves ha seguido la misma estrategia autoexculpatoria del también ex presidente José Antonio Griñán, compañero de banquillo, en el sentido de que como jefe del ejecutivo andaluz su ámbito de competencia se ceñía a establecer las líneas generales de las políticas de empleo pero sólo eso. Y tenía conocimiento de la existencia de ayudas socialoborales, “como tenía conocimiento también de que había becas Erasmus en la Consejería de Educación o ayudas culturales en la Consejería de Cultura”. Pero nunca conoció cómo se repartían ni con qué criterios. “Yo no estaba en cómo se repartían la ayudas”, ha insistido en varias ocasiones. “No pertenecía a mi ámbito político de decisión saber cómo se hacía, con qué exigencia o requisitos, con qué cuantía o quiénes eran los beneficiarios”.

“En un contexto de confianza -ha insistido- era muy difícil pensar que se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley”, ha añadido.

Todas esas ayudas se derivaban de los compromisos adquiridos en los acuerdos de concertación. Sin embargo, cuando el fiscal Juan Enrique Egocheaga, le ha preguntado cuál era la naturaleza jurídica de esos acuerdos de concertación, Chaves, que es doctor en Derecho laboral, ha afirmado que sus conocimientos “no llegan a tanto”.

Chaves ha reconocido que se reunió en múltiples ocasiones con comités de empresa y sindicatos para abordar la situación de algunos conflictos laborales: “Era un acto de normalidad democrática”, ha afirmado al respecto. Una de esas empresas fue la compañía fabricante de automóviles Santana que para el ex presidente fue “un caso icónico de nacionalización”, ya que el Gobierno andaluz, después de emplearse a fondo en buscar socios para reflotar la compañía, “en EEUU, Japón o el País Vasco” -recordó Chaves- finalmente se quedó con la propiedad de la empresa.

Y, pese a la particularidad del caso de Santana o de Cárnicas Molina, que sufrió un proceso muy similar, Chaves nunca supo de los detalles de la negociación con los sindicatos ni de la liquidación final de las empresas. También ha conocido a posterior la incompatibilidad de las ayudas dadas a esas compañás con la normativa europea de defensa de la competencia.

“A mí se me informaba en líneas muy generales: ‘Oye, que hemos nacionalizado; oye, que hemos hecho gestiones en Japón’, ha explicado en términos coloquiales Chaves al fiscal.

Tampoco ha sabido contestar Chaves si hubo algún tipo de compromiso con los sindicatos para que la Junta aportara algún tipo de contraprestación a las organizaciones sindicales a cambio de su papel en el proceso de negociación.

Y, por supuesto, tampoco conoció la existencia del programa presupuestario 31L -el que se utilizó para pagar las ayudas a los ERE-, del que, como Griñán, sólo ha tenido noticia durante el proceso.

Y, ante la insistencia en negar haber tenido conocimiento de los detalles de la gestión de las ayudas, Chaves ha explicado que ese desconocimiento “no debe entenderse como una dejación de responsabilidad o un intento de esconder esa responsabilidad”. Sencillamente, a su entender, no había posibilidad alguna de conocer con detalles hasta 180 programas presupuestarios que contenían los presupuestos andaluces.

En el capítulo de las anécdotas cabe reseñar que hasta en tres ocasiones, el ex presidente ha dicho “programas electorales” en lugar de “programas presupuestarios”.

“Una ley no puede ser ilegal”

A lo largo de todo el juicio, la Fiscalía ha puesto el acento de sus preguntas en la utilización de una herramienta presupuestaria, la ‘transferencia de financiación’, para alimentar la partida 31-L de los presupuestos, para determinar de alguna manera si se usó ese instrumento con ánimo de eludir controles. De hecho, llegado un momento y cuando los procedimientos de la Junta en el reparto de las ayudas ya se habían puesto en cuestión, se decidió cambiar la herramienta en favor de la denominada ‘encomienda de gestión’.

A este respecto, Chaves ha sido muy contundente en defender la legalidad del uso de las transferencias de financiación: “Las transferencias de financiación estaban en la ley; eran la ley. Y una ley no puede ser ilegal. Todos conocemos debates jurídicos sobre si una ley es adecuada para unos fines o no, pero no se puede cuestionar su legalidad”.

Otra de las herramientas que permitieron allegar fondos para pagar las ayudas fueron las ‘modificaciones presupuestarias’. Según el ex presidente de la Junta, ninguna modificación presupuestaria se debatía en el Consejo de Gobierno. “Ni siquiera se leían”. Pero es que, además, para apuntalar su testimonio, ha insistido en dos aspectos: el primero, que la Cámara de Cuentas “nunca puso ningún reproche a las modificaciones presupuestarias”; y, en segundo lugar, que todas las modificaciones pasaron por el Parlamento.

El ex presidente andaluz está sentado en el banquillo, acusado de prevaricación, por diseñar y mantener, junto a otros 21 ex altos cargos regionales entre los que está Griñán, un “procedimiento específico” que utilizó el Gobierno andaluz para repartir subvenciones millonarias a trabajadores de empresas en crisis entre 2001 y 2010 de forma opaca y saltándose todos los controles.

Cuando estalló el escándalo, Chaves trató de minimizar la importancia del caso a la actuación de “cuatro o cinco golfos”. Sin embargo, finalmente se ha visto directamente implicado por tres ERE concedidos de forma irregular por su gobierno, como viene informando ELMUNDO.es.

Las tres ayudas que salieron del ‘fondo de reptiles’ que incriminan a Chaves son las concedidas por la Junta, prescindiendo del procedimiento y de forma irregular, a las empresas Fundiciones Caetano y Bilore, además de las ayudas sociolaborales a la Faja Pirítica de Huelva.

Fundiciones Caetano, que recibió dos ayudas por valor de 3,6 millones de euros del ‘fondo de reptiles’, es una sociedad de la familia del empresario que cada verano le cede su chalé a Manuel Chaves para pasar las vacaciones en la playa onubense de La Antilla.

Rafael Blasco Caetano, uno de los amigos más próximos al ex presidente Chaves, es familiar -primo hermano por doble vínculo- de Abilio Caetano Blasco, el administrador de Fundiciones Caetano, la empresa que solicitó y consiguió las dos ayudas millonarias de los ERE que ahora están bajo investigación judicial, según ha denunciado este domingo el PP andaluz.

La conexión entre Chaves y Rafael Blasco Caetano no se limita al chalé ‘La tortuga’ de la playa de La Antilla en el que veranea el ex presidente del Gobierno andaluz, ex ministro y ex presidente del PSOE. La relación entre ambos se remonta, al menos, a 1995, cuando Chaves se vio forzado a desalojar el Palacio Sundheim, donde pretendió instalar su residencia oficial. Tras abandonar precipitadamente este inmueble de lujo en el Paseo de la Palmera de Sevilla, el entonces presidente del Gobierno andaluz se instaló en un piso en la Avenida León XIII, en el barrio de la Macarena. El dueño de este piso era Blasco Caetano.

Faja Pirítica

A finales de 2003, unos trabajadores remitieron una carta al entonces presidente de la Junta denunciando irregularidades en un ERE de la minería de Huelva, donde habría, según decían, personas que se habían prejubilado como mineros pero que «no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, el Gobierno de Chaves tapó el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

Bilore

En las diligencias de los ERE consta la misiva entregada por los trabajadores de Bilore S.A., domiciliada en la localidad cordobesa de Lucena, a Chaves en la «visita realizada en el día de ayer a Osuna (Sevilla)», recoge el documento fechado el 12 de febrero de 2004 con el membrete de Consejería de la Presidencia.

«En fecha próxima se visitará la ciudad de Lucena por lo que sería conveniente haber encauzado la problemática planteada, para evitar encontrarnos ante la situación de ayer», advierte el escrito enviado desde la Consejería de Presidencia a la de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que gestionaba las ayudas de los ERE.

Los empleados de Bilore, que finalmente se vieron beneficiados por un ERE subvencionado por la Junta con 1,6 millones, le piden «a nuestro presidente Manolo Chaves que no abandone a estos trabajadores lucentinos y andaluces ante todo» e «interceda por nosotros» ya que, tras reunirse con Javier Guerrero el pasado 23 de diciembre de 2003, y comprometerse «con nosotros y nuestro alcalde a buscar una pronta solución», aún seguimos esperando», recoge la misiva [reproducida en esta página] que entregaron al ex presidente en su visita a la localidad sevillana de Osuna.

Pide su absolución

Chaves, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pide su absolución en el escrito de defensa leído porque “desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas” al no ser ésta su función como presidente -que ejerció durante 19 años-.

“Ni conoció ni pudo conocer las irregularidades de las ayudas sociolaborales” porque el interventor “no le informó con ningún informe de actuación”, dice su escrito de defensa.