El ex presidente de Banco Popular, Ángel Ron. J. M. CADENAS

La división de consultoría de Deloitte asesoró a Banco Popular en 2016 durante la etapa de Ángel Ron en política contable, según confirma a este diario la propia firma auditoria. Un portavoz de Deloitte aseguró que este trabajo no implica ninguna incompatibilidad con el posterior que realizó la misma firma para la Junta Única de Resolución (JUR) en la caída del banco.

Deloitte propuso al equipo de Ron en 2016 ser su asesor para medir el impacto de la modificación de la Circular del Banco de España en el Popular. El supervisor endurecía las políticas contables en temas como los límites a considerar y el tratamiento de las exposiciones a riesgo inmobiliario. Deloitte planteó como honorarios 320.000 euros y se comprometía a asesorar sobre los modelos internos para realizar provisiones de cara al futuro.

Un año después, en mayo de 2017, Deloitte fue contratado por la JUR e hizo una valoración negativa de 2.000 millones del Popular en el escenario central por, entre otros motivos, presentar un déficit de provisiones de 3.192 millones de activos inmobiliarios adjudicados que no estaban contabilizados respetando la normativa española.

Un portavoz de Deloitte asegura que su firma “fue contratada en el 2016 para trabajar en el asesoramiento técnico sobre las implicaciones de la norma IFRS 9 que afecta a la nueva normativa de provisiones a aplicar a partir del 1 de enero de 2018. En ningún momento Deloitte ha trabajado sobre ningún aspecto de las provisiones contabilizadas por Banco Popular”.

En su opinión, “fue un asesoramiento sobre cómo debían adaptarse para una nueva normativa que entraba en vigor el 1 de enero de 2018. Y obviamente compatible con el informe posterior para la JUR”.

Fuentes de la antigua cúpula del Banco Popular cuestionan la independencia de Deloitte a la hora de valorar la entidad tras el trabajo realizado previamente. “Deloitte valoró la resolución de Popular a pesar de haberle recomendado un año antes cómo contabilizar sus riesgos”.

Según Deloitte, “durante los procesos de cualificación previos para trabajar con la JUR y, posteriormente para realizar trabajos concretos, las firmas de consultoría cualificadas somos sometidas a rigurosos análisis de incompatibilidades”.