La reforma del sistema de financiación autonómica abre una ofensiva de una mayoría de comunidades autónomas contra la de Madrid por sus bajos impuestos, según los informes remitidos por los gobiernos regionales al Ministerio de Hacienda a los que ha tenido acceso EL MUNDO.

La Junta de Andalucía se muestra especialmente rotunda y a la cabeza del movimiento contra la baja tributación en la comunidad que preside Cristina Cifuentes.

«Con carácter general, la Comunidad Autónoma de Andalucía considera que la armonización fiscal es una condición necesaria para que cualquier Sistema de Financiación Autonómica funcione de manera eficiente y equitativa. En la medida en que esto no ocurra (situación actual), parte de la financiación de los servicios públicos provistos por las CCAA queda al albur de la competencia fiscal entre regiones», protesta la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, a las órdenes de Susana Díaz.

«Además, la competencia fiscal ni es eficiente ni es equitativa, sino que contribuye a agravar las disparidades fiscales entre CCAA no basadas en decisiones tributarias autónomas». Sin llegar a mencionar expresamente a la Comunidad de Madrid, la acusa implícitamente de perpetrar un «dumping fiscal» para atraer contribuyentes del resto.

tipos mínimos

La Junta de Andalucía se apoya en el informe del comité de expertos creado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que se pronuncian en favor de una armonización fiscal.

El informe remitido al Ministerio por parte la consejera de Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, va en la dirección opuesta de imponer tipos mínimos armonizados que resten soberanía tributaria a las comunidades . «Las restricciones a la capacidad normativa actual en los tributos cedidos no constituyen un principio acorde con los principios de autonomía del ingreso y de corresponsabilidad fiscal».

En los informes analizados por este diario se percibe que la Comunidad de Madrid se queda sola en defender la supresión del Impuesto de Patrimonio. «Se trata de un impuesto técnicamente muy defectuoso, con escasa capacidad recaudatoria y totalmente desincentivador de la economía, como demuestra que ha desaparecido de la gran mayoría de los países de la OCDE.

No obstante, si se decide el mantenimiento del impuesto deben seguir otorgándose a las Comunidades Autónomas las mismas competencias normativas que existen en la actualidad sin establecer mínimos de tributación ni armonizaciones que en este impuesto resultan indeseables», defiende Hidalgo.

En cambio, «la Comunidad Autónoma de Andalucía estima que se debe mantener la vigencia del mismo (…) con un mínimo exento único para todas las CCAA «La Comunidad de Castilla-La Mancha, gobernada también por el PSOE, agrega que si Montoro no impone un tipo mínimo a todas las comunidades lo mejor es devolver la cesión de éste y otros impuestos al Estado para que los gestione el Ministerio y traspase la recaudación a las CCAA.

Impuesto de Patrimonio

Ni siquiera comunidades gobernadas por el PP como la Xunta de Galicia defiende la supresión del Impuesto de Patrimonio. El Gobierno de Núñez Feijoo «apuesta claramente por su mantenimiento, puesto que durante el periodo de crisis económica, con la consiguiente retracción recaudatoria, este tributo ha ofrecido un claro comportamiento anticíclico que no se ha manifestado en otros tributos cedidos tradicionales. Basta señalar que desde 2011, año de su rehabilitación, ha pasado de recaudar poco más de 700 millones de euros a alcanzar algo más de 1000 millones en 2015».

La Comunidad de Madrid también se queda sola en contra de tipos mínimos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es una reivindicación generalizada encabezada también por la Junta de Andalucía, pero que defienden con rotundidad la gran mayoría de comunidades.

El Gobierno de Aragón señala que «debe efectuarse una armonización en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que evite diferencias injustificadas entre contribuyentes en función de la residencia del fallecido o del donatario». El Principado de Asturias llama a evitar «una competencia desleal a la baja». Engracia Hidalgo se defiende así: «A pesar de las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid en el presente impuesto, Madrid fue la segunda región con mayores ingresos, ligeramente por detrás de Cataluña (…) La Comunidad de Madrid no está de acuerdo con establecer tipos mínimos de gravamen, y mucho menos en establecer tipos uniformes para todas las CCAA, eliminando la competencia fiscal».

Por su parte, la Junta de Castilla y León (PP) defiende, en general ,el principio de que «la armonización suponga un menoscabo del principio de corresponsabilidad fiscal» pero pide «evitar el uso de la competencia tributaria como herramienta de competencia fiscal a la baja». Tanto esta comunidad, como La Rioja inciden también en la competencia fiscal de las comunidades forales.

En cuanto al reparto del dinero en el nuevo sistema de financiación vuelve a reproducirse el sudoku del que se quejaba Pedro Solbes en la pasada década a la hora de abordar la reforma. Cada comunidad pide ponderar el factor que más conviene lógicamente a sus intereses.

El Gobierno balear destaca reclamando más autogobierno fiscal en general e incluso poderes de inspección de contribuyentes reservados hasta ahora a la Agencia tributaria estatal.